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OPINIóN

Cláusulas suelo: la responsabilidad sólo está de una parte

abogados-Rebolleda
Actualizado 06/06/2017 11:18:06
Redacción

La declaración de nulidad de las cláusulas limitativas a la variabilidad del tipo de interés

JUAN MÁXIMO REBOLLEDA BUZÓN

En los últimos tiempos a los ciudadanos en general y a aquellos programas de los medios de comunicación que mezclan la información con el humor se les han agotado los calificativos para referirse a las actuaciones que han tenido en los años recientes las entidades bancarias con la “colocación” a sus clientes de toda la vida, por parte de empleados en los que confiaban ciegamente, de productos de alto riesgo sin advertirles de este tipo de riesgo (obligaciones subordinadas, participaciones preferentes, swap,…), la imposición de cláusulas que resultan abusivas (como la cláusula suelo o la cláusula de gastos de la hipoteca), la salida a Bolsa con las cuentas irreales cuando no falseadas,… Pero vamos a referirnos ahora a la cuestión relativa a la declaración de nulidad de las cláusulas limitativas a la variabilidad del tipo de interés –cláusulas suelo– por parte de los Tribunales de Justicia con la correspondiente devolución de intereses cobrados de más por los bancos como consecuencia de esa declaración de nulidad y a las razones por las que se establecían ese tipo de cláusulas en los préstamos hipotecarios.

Debemos recordar cuál fue una de las principales razones, sino la principal, de la crisis financiera y su colapso. Los bancos suscribían préstamos hipotecarios que luego colocaban a fondos de inversión –hacían labor de intermediación–. Esa colocación siempre resultaría más fácil de concertar si se le asegura al fondo inversor que su rendimiento nunca va a estar por debajo de un cierto tipo de interés, precisamente el que el banco ha señalado como cláusula suelo de la hipoteca, que significa que el tipo de interés variable a que está referenciado el préstamo hipotecario (habitualmente Euribor más un diferencial que en ocasiones resultaba muy bajo) nunca va a bajar de ese tipo mínimo, normalmente entre un 3 y un 4,50 por ciento. De esta forma resultaba más fácil colocar o vender ese préstamo a un fondo de inversión, pues ése era el rendimiento mínimo que se le garantizaba al comprador. El problema para el banco surge cuando, con el colapso del sistema, no es capaz de colocar los préstamos hipotecarios que tiene suscritos con sus clientes, por lo que ha de buscar el capital de otro modo, con la venta de preferentes, subordinadas, swap, salidas a Bolsa de entidades que antes no estaban cotizadas,…

La cuestión principal es si al cliente el banco le ha facilitado toda la información que precisa para poder adoptar una decisión fundada. Es decir, si se le ha proporcionado toda la información previa tanto verbalmente como por escrito incluso con entrega, en el plazo que señala la normativa, de una oferta vinculante de préstamo hipotecario cuyas condiciones figuren claramente explicitadas en términos inteligibles para cualquiera, antes de la suscripción del contrato, así como la información coetánea a ese momento en la propia notaría para poder adoptar esa decisión fundada y decidir sobre la contratación. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que una persona sin conocimientos ni formación económico-financiera puede saber lo que significa la expresión “límites de fluctuación”, que es la terminología utilizada por los bancos en los escasos supuestos en que sí entregaba por escrito aquella oferta vinculante? Ni puede ni debe saberlo, salvo que el propio empleado bancario le advierta de que él siempre va a pagar como mínimo un 3, un 3,50 o un 4 por ciento de interés. Con el agravante de que en muchas ocasiones ese tipo mínimo no venía acompañado de un tipo máximo que, como contraprestación, debería de tener el cliente para el supuesto caso de que los tipos de interés se dispararan al alza, protegiéndole de este modo de esa subida y estableciendo un límite por encima del cual, por mucho que subiera el tipo de interés, nunca iba a pagar más. Y cuando se ha establecido ese tipo máximo de interés (conocido como cláusula techo), se ha hecho en tal porcentaje (un 12, un 14 por ciento), era totalmente desproporcionado, pues los bancos sabían que resultaba prácticamente imposible que el tipo de interés llegara a esos números. Por supuesto, en aquellos casos en que la cláusula suelo iba acompañada de esta cláusula techo tampoco se informaba al cliente.

Abuso de bancos

Ha sido tal el abuso ejercido por los bancos que no sólo no informaban habitualmente de todas las circunstancias que rodeaban al préstamo (la existencia del suelo, la ineficacia de la contratación de productos para que el interés fuera más bajo,…), sino que engañaban al cliente cuando le explicaban verbalmente algo que luego no estaba firmado.

No es extraño que, ante tal cúmulo de despropósitos, los jueces y tribunales impongan las costas a las entidades bancarias cuando éstas se niegan a evitar la vía judicial cuando pueden hacerlo, corrigiendo por sí mismas la situación abusiva generada a sus clientes, anulando por propia iniciativa la cláusula suelo en base a su abusividad plenamente declarada por el Tribunal Supremo español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, doctrina avalada por los juzgados y audiencias provinciales, y proceder a calcular los intereses que han estado cobrando en exceso para devolver esa cantidad a sus clientes.

A pesar de todo, algunos bancos mantienen la vigencia de la cláusula suelo obligando al cliente a presentar una demanda judicial causándole gastos innecesarios, en los que no tiene obligación de incurrir y que son perfectamente evitables si el banco se comportara con arreglo al principio de buena fe y de un empresario leal. Precisamente esa inactividad o falta de reacción por parte de los bancos es lo que obligó al Gobierno a aprobar en enero pasado un Real Decreto-Ley para obligar a los bancos a crear una oficina de atención a estas cuestiones y a contestar en un plazo determinado a las reclamaciones que le fueran formuladas por los clientes. En la mayoría de los casos la respuesta a esas reclamaciones continúa siendo que, mientras no exista una sentencia judicial que declare nula la cláusula, no tienen ninguna obligación de devolver cantidades en el préstamo. Esta situación tuvieron que corregirla, por un lado, los Tribunales de Justicia nacionales y el propio Tribunal Supremo al definir lo que son este tipo de cláusulas, determinar la abusividad de las mismas y los parámetros de esa abusividad, y, de otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al señalar que esa solución no producía la protección exigible para los consumidores y usuarios, por lo que la devolución de intereses debía producirse desde el inicio del contrato, como, por otra parte, deja sentado con carácter general para todo tipo de contratos el artículo 1.303 de nuestro Código Civil.

Como puede comprobarse, la actuación de los bancos da para mucho. Otro día podemos hablar, por ejemplo, de las preferentes o las subordinadas, pero eso es ya otra historia.

Juan Máximo Rebolleda Buzón es abogado de los ICA de Palencia y Madrid

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