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CASTILLA Y LEóN

ASPES-CL apuesta por la seguridad y el gasto responsable frente a las "prisas y la falta de previsión" de la Junta

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Actualizado 08/09/2020 08:31:01
Redacción

Aseguran que es necesario retrasar el inicio del curso una semana para que dé tiempo a los centros a organizarse y a tener a todo el profesorado necesario contratado.

La Asociación de Profesores ASPES-CL quiere hacer constar ante el profesorado de Castilla y León y la opinión pública su frontal rechazo a la forma en que la Administración educativa de nuestra comunidad está llevando a cabo el regreso a las aulas en el inicio del curso escolar 2020-21.

Adeguran que desde que el 13 de marzo cerraron los centros educativos en Castilla y León ha habido tiempo más que suficiente para prepararse ante la posibilidad de un repunte de los contagios con la vuelta a la normalidad. Sin embargo, el único plan previsto es la vuelta de los alumnos a las aulas como si nada. Ante la complicada situación que atraviesa España, la seguridad ha de ser prioritaria con el objetivo de proteger a toda la comunidad educativa (profesores, alumnos y familias). Para ello proponen, en primer lugar, retrasar el inicio del curso al menos una semana para dar tiempo a los equipos directivos de los centros a organizar los mismos y a que dispongan de todos los profesores necesarios.

De entre todos los colectivos implicados en la enseñanza, el profesorado es, con diferencia, el más vulnerable, al incluir personas en situación de riesgo por edad o patologías previas. "Somos, sin embargo, los últimos en las consideraciones de los dirigentes educativos. Se nos prometieron pruebas serológicas previas y, lejos de ello, se están dando citas para octubre, un mes después del inicio de la actividad en las aulas. Estamos ante una medida muy tardía que no contribuirá a prevenir los contagios Tampoco hay visos de la realización de test PCR a alumnos y profesores antes de iniciar el curso, con lo que las clases comenzarán sin saber quiénes son portadores del virus. Ese no es desde luego el mejor modo de hacer frente a una pandemia cuyos efectos se agravarán, según los expertos, conforme avance el otoño", manifiestan a través de un comunicado de prensa.

Es evidente que hay que exigir la realización de pruebas periódicas a todos los miembros de la comunidad educativa para anticiparse a la aparición y descontrol de cualquier brote en un centro escolar.

Es el momento de poner la economía al servicio de la seguridad. Por eso exigen a la Administración que, dada la situación de incertidumbre, deje de ser cicatera y aplique una reducción mínima de dos horas lectivas a todo el profesorado de Secundaria al tener que compaginar, casi con toda seguridad, las clases presenciales con clases online, con todo el trabajo extra que esto conllevará. Asimismo, debe dotar a los centros de una cámara termográfica a la entrada para registrar la temperatura de cada alumno. También subrayan que es necesario contratar a personal sanitario especializado para no descargar una responsabilidad tan compleja sobre el equipo lectivo de cada centro.

"Que habiendo más de 1300 centros educativos en la Comunidad solamente se hayan convocado 600 plazas extra de profesorado es una buena muestra de esa cicatería, de la incompetencia y del desdén con que se está conduciendo la autoridad educativa. ¿Para qué otra cosa está el dinero público sino para garantizar el bienestar físico y la salud de los ciudadanos?", puntualizan.

ENORME IRRESPONSABILIDAD

Mientras los esfuerzos sanitarios se centran en la prevención y lucha contra la aparición de contagios masivos, en nuestros centros escolares se van a permitir los brotes y no se actuará con contundencia hasta que alguno de ellos se descontrole. ¿Cabe mayor irresponsabilidad? Nos preguntamos si el riesgo habrá merecido la pena cuando se produzca el fallecimiento de algún miembro de la comunidad educativa o de alguno de sus familiares por un contagio en el aula.

En este sentido, proponen una reducción de la ratio a un máximo de 20 alumnos por aula. Si se supera ese número, la Consejería debe optar bien por los desdobles o bien por impartir clases en horario matinal y vespertino. Este procedimiento, que garantiza la formación presencial segura al ampliar la distancia mínima y reducir aglomeraciones, no ha sido considerado, quizá, porque conlleva un esfuerzo económico extra y no resuelve por completo la que parece ser la principal preocupación de la Consejería: solucionar a las familias el engorro de tener a sus hijos en casa. Los centros educativos no son guarderías.

La presencia en un aula de entre 40 y 50 m² de un exceso de alumnos de edades en las que la mayoría son asintomáticos y supercontagiadores conlleva la imposibilidad de mantener la distancia mínima de seguridad, un escenario muy favorable para la propagación incontrolable de la enfermedad. Lo mismo sucede en algunas clases de Bachillerato, concebidas para más de 30 alumnos, en las que, por falta de espacio y medios, no se está separando a los jóvenes, entre los que no se llega ni al metro de separación. Es inadmisible.

ENSEÑANZA ONLINE

Finalmente, lamentan que se haya dejado pasar la oportunidad de llevar a cabo una preparación concienzuda y realista de la enseñanza online como alternativa a la enseñanza presencial. "Esta Administración, que presume de las mejores competencias tecnológicas (aunque sus plataformas corporativas se caen cada día por falta de servidores adecuados), no proporciona a sus centros educativos las herramientas necesarias para la optimización de la enseñanza online. Por ello, si los centros se ven obligados a cerrar, volveremos al punto de partida del 13 de marzo y, seguramente, se volverá a cargar las tintas contra el profesorado, el mismo que en su día aportó la generosidad de sus habilidades y medios telemáticos", finalizan.